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viernes, 18 de abril de 2008

Vecinos de Tui denuncian al gobierno local en el juzgado

Patrimonio ordenó la paralización inmediata de las obras en el Beira do MiñoCerca de 400 vecinos de Tui han presentado en el juzgado una denuncia contra la Comisión de Gobierno del Concello por otorgar la licencia de obra del edificio Beira do Miño. Entienden que se trata de un grave atentado contra el patrimonio cultural, tutelado, consentido o ignorado, por todas las formaciones políticas del Concello desde 1985. Por su parte, el director general de Patrimonio requiere la suspensión de la licencia municipal y la paralización inmediata de las obras
MÓNICA TORRES
TUI. Corresponsal

Cerca de 400 vecinos de Tui presentaron una denuncia ante el juzgado contra la Comisión de Gobierno, los funcionarios y asesores que otorgaron la licencia para construir en el edificio Beira do Miño 30 viviendas y bajos comerciales, y contra los que resultaren responsables del «derribo ilícito de los tres inmuebles de interés cultural preexistentes».
Los vecinos justifican la denuncia por la actitud de la consellería de Cultura que, «tras reconocer en el informe de su Asesoría Jurídica la nulidad absoluta de la licencia por ser contraria a derecho», no procede con lo estipulado en la Ley de Patrimonio de Galicia que le obliga a llevar a los Tribunales los presuntos actos delictivos en que pudiesen incurrir los presuntos infractores, en este caso, los miembros de la Comisión de Gobierno y los funcionarios responsables.
Manifiestan que el Director Xeral de Patrimonio es «rehén de pasadas complicidades de su Delegación Provincial con el Concello de Tui toda vez que, actuaciones como las de Beira do Miño han sido la norma hasta ahora».
Entienden que este hecho se confirma «con la lectura de las ridículas alegaciones presentadas por el Concello en las que, por única defensa, pretenden incriminar al propio Director Xeral de Patrimonio en un presunto delito de prevaricación, al reprocharle, entre otras, su falta de intervención en actuaciones precedentes».
Justifican la denuncia ante los Tribunales Penales, por la inclusión de los nuevos delitos contra la ordenación del territorio en el Código Penal Vigente, que implícitamente reconocen una relación de desconfianza hacia la Administración Pública, ante «los fuertes intereses de la especulación inmobiliaria» y la posibilidad de una duplicidad de sanciones en el ámbito penal y administrativo para todos aquellos que detentan relaciones especiales de poder.
Tomado de: http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/06/11/608332.shtml

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